En Medellín, miles de familias siguen viviendo en condiciones precarias dentro de inquilinatos, espacios donde la falta de luz, ventilación y privacidad es parte de la rutina diaria. Así lo advirtió el Concejo Distrital durante un debate sobre la Política Pública para los Inquilinatos, que busca garantizar viviendas dignas, pero que avanza con lentitud.

> “Donde más viviendas compartidas hay, menos derechos y espacios dignos para los niños y niñas”, alertó el concejal Farley Jhaír Macías, al señalar que la infancia es la más afectada por el hacinamiento y la exclusión.



El ISVIMED reportó un déficit de vivienda del 21%, con más de 1.300 inquilinatos caracterizados, la mayoría en el centro de la ciudad. En muchos de ellos, los niños no asisten a la escuela, carecen de atención en salud y deben trabajar para ayudar a sus familias.

La concejal Leticia Orrego reconoció que, aunque se han atendido 537 hogares, más de 12 mil siguen sin apoyo. “Tenemos diagnósticos, pero faltan soluciones reales”, expresó, pidiendo un Registro Único de Inquilinatos y una intervención con enfoque de género y derechos humanos.

El personero distrital, Mefi Bosé Rave, advirtió que la entidad ha recibido decenas de denuncias por desalojos sin acompañamiento y hacinamiento crítico. “Los inquilinatos son el espejo de las desigualdades que aún persisten”, afirmó.

Mientras tanto, cientos de niños y niñas siguen creciendo entre paredes compartidas, sin patio, sin juego y sin la certeza de un hogar propio. El debate dejó claro que los inquilinatos no son ruinas sociales, sino territorios donde Medellín se mide frente a su deuda más humana: garantizar la dignidad de quienes menos tienen.