La Personería prende las alarmas y exige medidas urgentes al Gobierno Nacional.

Medellín vive una de las peores crisis sanitarias de su historia reciente. En un hecho sin precedentes, la Personería Distrital radicó una solicitud de coadyuvancia a la Acción Popular interpuesta por el Distrito contra el Gobierno Nacional y varias EPS intervenidas, denunciando una vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales como la salud, la vida y el acceso a servicios básicos

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La situación es crítica y alarmante: hospitales desbordados, medicamentos escasos, tratamientos suspendidos, y miles de usuarios abandonados a su suerte. De acuerdo con el informe de la Personería, se registran fallas estructurales gravísimas, como la ocupación hospitalaria que supera el 175%, interrupción de tratamientos oncológicos y crónicos, y una cartera vencida multimillonaria que impide el pago a clínicas y hospitales, poniendo en jaque la atención médica en Medellín.

Los más afectados: los afiliados de las EPS Savia Salud, Nueva EPS, Sanitas y Coosalud, entidades intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, pero que siguen colapsando sin que el Gobierno reaccione con contundencia.

Durante 2024, más de 11 mil tutelas en salud fueron atendidas por la Personería, y solo en los primeros cuatro meses de 2025, otras 2.917 se sumaron a la avalancha judicial. ¡Ocho de cada diez están relacionadas con EPS intervenidas!

Y la situación empeora: en mayo de 2025, hospitales como la Clínica Sagrado Corazón, el Pablo Tobón Uribe y el Hospital La María reportaron una ocupación de hasta 175%, con más de 130 pacientes esperando remisión, muchos de ellos en condiciones críticas y sin atención inmediata.

¡Las alertas han sido ignoradas!

Esta crisis no es nueva. Desde abril de 2024, la Personería ha venido lanzando boletines de alerta:

En el Boletín 26, se denunció el caos tras la intervención de Sanitas EPS.

En el Boletín 100, se advirtió sobre las barreras de acceso para más de 276 mil usuarios de Nueva EPS.

En abril de 2025, el Boletín 22 expuso una deuda de $180 mil millones que asfixia al sistema.

Y en mayo, el Boletín 23 confirmó que las urgencias ya no dan abasto.

¡Basta de indiferencia!

La Personería exige al Gobierno Nacional tomar medidas de choque inmediatas y detener esta tragedia silenciosa. Entre las peticiones urgentes:

El pago inmediato de la deuda con clínicas y hospitales.

Giros directos a las IPS desde las EPS intervenidas.

Suministro garantizado de medicamentos.

Y permitir el acompañamiento directo de la Personería en el diseño de un plan de emergencia territorial.

«Estamos ante una emergencia humanitaria disfrazada de crisis administrativa», advierte la Personería, que reitera su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos del Distrito.

¡La salud en Medellín está en cuidados intensivos y el tiempo se agota!

Por otro lado, la prensa petrista, responde en su momento con Gran Twitteratón denunciando a las EPS por desfalco al sistema de salud.

En el mes de Marzo, usuarios de redes sociales protagonizaron una masiva jornada de denuncia bajo el hashtag #LasEPSNosRobaronLaSalud, en la que se acusó a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de corrupción, desfinanciamiento del sistema y negligencia sostenida a lo largo de tres décadas.

Durante la llamada «Gran Twitteratón», los participantes manifestaron su indignación ante lo que denominaron «la gran estafa de las EPS», alegando que estas entidades habrían robado recursos públicos, saboteado el sistema actual y desatendido a clínicas, hospitales y pacientes, mientras sus holdings empresariales reportaban ganancias millonarias.

Entre las denuncias más repetidas estuvo la crisis en el suministro de medicamentos, que, según los manifestantes, no es nueva. Recordaron que situaciones similares ocurrieron en 2008, 2013, 2018 y ahora entre 2024 y 2025. La diferencia, señalaron, es que el actual gobierno no estaría dispuesto a seguir cubriendo con recursos públicos los presuntos actos de corrupción.

También se destacó que, pese a haberse pagado $2,3 billones de pesos en los últimos meses, las EPS habrían incumplido con sus obligaciones hacia clínicas y hospitales, generando una grave crisis de atención. Un caso que generó particular rechazo fue la suspensión abrupta del suministro de medicamentos por parte de Audifarma, considerada por muchos como un acto de sabotaje, con consecuencias directas sobre enfermos, adultos mayores y niños.

La jornada concluyó con una fuerte crítica al modelo actual de salud y un llamado ciudadano a no permitir lo que fue calificado como un «atraco a la salud» en beneficio de unos pocos