Por Fernando García Cáceres

Administrador de Empresas – Especialista en Gestión Pública y Alta Gerencia

El Consejo de Estado acaba de emitir un fallo histórico que marca un antes y un después en la relación entre el poder Ejecutivo y la ciudadanía: los Consejos de Ministros ya no podrán celebrarse a puerta cerrada. La Sección Quinta de esa corporación eliminó el último resquicio legal que durante cien años permitió blindar estas reuniones del escrutinio público.

Durante décadas, la Ley 63 de 1923 fue utilizada como excusa legal para mantener el secretismo. Fue un abuso interpretativo que gobiernos de todos los colores —conservadores y progresistas por igual— emplearon para esconder decisiones de interés público. En 2020, por ejemplo, se invocó esa ley para negar acceso a actas clave relacionadas con el escándalo de sobresueldos en el Congreso. Hoy, gracias a este fallo, eso ya no será posible.

La sentencia coincide con un momento en el que el presidente Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de un gobierno abierto. Si bien este contexto político influye, el fallo trasciende lo coyuntural: se trata de una reafirmación de lo dicho por la Corte Constitucional, que ha sostenido que la transparencia no es una opción, sino un deber del Estado.

Desde ahora, las reuniones del Consejo de Ministros podrán ser públicas, transmitidas en vivo, y sujetas al juicio de la ciudadanía. Ya no bastará con versiones oficiales o actas resumidas: los colombianos podrán ver —y oír— qué temas se discuten, qué posturas se defienden y qué intereses representan quienes ocupan los altos cargos del Ejecutivo.

Sin embargo, esto no significa que todo deba exponerse sin filtros. El fallo también establece límites razonables: la seguridad nacional y la protección de datos sensibles seguirán siendo reservas legítimas. La transparencia debe ir de la mano con la responsabilidad.

El gran desafío, ahora, es evitar que esta decisión judicial se quede en letra muerta. La historia colombiana está llena de sentencias valientes que nadie cumple. Por eso, corresponde a los medios exigir acceso real —no solo transmisiones editadas—, a la ciudadanía monitorear plataformas como Urna de Cristal, y a los entes de control, sancionar con firmeza cualquier intento de revivir el secretismo.

Este fallo no es solo una victoria jurídica: es un cambio cultural. Porque cuando las decisiones se toman bajo la luz pública:

Los abusos dejan de estar a salvo.

La confianza institucional se fortalece.

La democracia se hace más robusta.

Y el poder, finalmente, pierde su refugio en la sombra.

El camino está trazado. El reto ahora es claro: vigilar, exigir y no retroceder.
Menos secretos, más transparencia