La Personería de Medellín abre pliego de cargos contra el exsecretario de Cultura.
La Personería Distrital de Medellín formuló un pliego de cargos contra el exsecretario de Despacho de la Secretaría de Cultura Ciudadana, Álvaro Osmar Narváez Díaz, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del Festival de Cine y Artes Audiovisuales Miradas Medellín 2023.
Según la investigación adelantada por el proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, varias decisiones tomadas durante la organización del evento habrían generado un grave impacto económico y reputacional, dejando una deuda cercana a $327 millones y afectando a más de 114 artistas, curadores y proveedores, tanto locales como internacionales.
Los hallazgos advierten que el exfuncionario habría continuado con el desarrollo del festival pese a conocer su inviabilidad financiera, comprometiendo la confianza del sector cultural. Asimismo, se identificó una práctica reiterada de vincular personas sin contratos formales, basada en promesas verbales o comunicaciones informales, desconociendo garantías legales mínimas para los colaboradores.
De acuerdo con la Personería, estos hechos configurarían una falta disciplinaria gravísima, presuntamente cometida a título de dolo.
El proceso será remitido al Área de Decisión Disciplinaria para continuar con la fase de juzgamiento, garantizando el respeto por el debido proceso.
En un hecho que ha causado consternación entre la comunidad, dos menores de 11 y 12 años fueron rescatados por el grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional en el nororiente de Medellín, luego de ser hallados en condiciones de abandono y con señales de haber estado amarrados dentro de una vivienda.
La intervención de los uniformados se dio tras una alerta ciudadana, que permitió ingresar al lugar y poner a salvo a los niños, quienes de inmediato fueron trasladados a un entorno seguro bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La entidad asumió el restablecimiento de sus derechos y la atención psicosocial correspondiente.
De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, durante 2025 más de 260 niños, niñas y adolescentes han sido protegidos en coordinación con la Policía Nacional y otras entidades competentes, en acciones orientadas a prevenir el maltrato, el abandono y la violencia infantil en la ciudad.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación de riesgo o vulneración contra menores de edad a las líneas 123 o 141 del ICBF.
El FGA Fondo de Garantías presentó ante el Concejo Distrital los resultados de su gestión 2024, consolidándose como un actor clave en la inclusión financiera, el impulso al emprendimiento y la formalización económica en el país.
Sigue el enlace para escuchar:
Con 28 años de trayectoria, la entidad ha respaldado más de $50 billones en operaciones de crédito, beneficiando a cerca de nueve millones de colombianos. Solo en 2024, garantizó $8,3 billones en más de 30 mil operaciones diarias, con un promedio de $1,2 millones por crédito, favoreciendo a tres millones de ciudadanos.
Durante su intervención, el presidente del Fondo, David Bocanument Trujillo, destacó el compromiso del FGA con la generación de confianza en el sistema financiero y la lucha contra el “gota a gota”, al ofrecer alternativas reales de financiamiento para personas y microempresarios.
> “Tenemos que trabajar muy duro para eliminar en Colombia el mal llamado gota a gota”, enfatizó Bocanument.
El Concejo Distrital reconoció la labor del Fondo y propuso alianzas entre el Banco Distrital y las Fintech para ampliar el acceso al crédito formal, especialmente para emprendedores y pequeños empresarios. También planteó fortalecer la educación financiera y explorar nuevas líneas de respaldo para microcréditos, libranzas y vivienda digna.
El FGA proyecta para 2026 ingresos superiores a un billón de pesos y utilidades por encima de $70 mil millones, lo que consolidaría su sostenibilidad y expansión nacional.
El Concejo reafirmó su compromiso con las estrategias que fortalezcan el tejido económico de Medellín, promuevan la formalidad y la inclusión financiera, y respalden la labor del FGA como aliado estratégico del desarrollo social y económico del Distrito.
Medellín, julio de 2025 – Aumenta la inconformidad de los ciudadanos por las condiciones en las que permanecen los vehículos inmovilizados por la Secretaría de Movilidad de Medellín. Aunque el proceso sancionatorio incluye grúa, parqueadero y multa por mal parqueo, lo que realmente ha generado molestia es el estado de abandono en el que se encuentran los vehículos mientras permanecen en los patios oficiales.
Actualmente, los costos aproximados son: $80.000 por el servicio de grúa, $20.000 por día de parqueadero, y alrededor de $250.000 por la multa de tránsito. Con más de 100 vehículos ingresando a diario, el recaudo supera fácilmente los millones de pesos por jornada.
Lo alarmante, según los ciudadanos, es que con todo ese dinero no se garantice ni siquiera una mínima protección para los vehículos. “Mi moto estuvo tres días en los patios y cuando la saqué tenía el asiento rajado por el sol. No es justo que paguemos tanto para que nos devuelvan el vehículo en peor estado”, relató Sandra García, afectada.
Otro testimonio, el de Luis Fernando Ríos, conductor de plataforma, evidencia la frustración general:
> “Ese carro es mi herramienta de trabajo. Lo dejé parqueado cinco minutos mal ubicado, y terminé pagando casi $400.000. Pero lo que más duele es que mientras estuvo allá le cayó lluvia y el interior se mojó todo. ¿Dónde están los derechos del ciudadano?”.
Muchos se preguntan: ¿Dónde va a parar todo el dinero que se recauda? ¿Por qué no se destinan recursos para construir techos o al menos zonas cubiertas que protejan el patrimonio de los propietarios?
El llamado es urgente a la Secretaría de Movilidad de Medellín, para que revise no solo el enfoque sancionatorio, sino también la calidad del servicio y la custodia de los vehículos que, en muchos casos, son retenidos por infracciones menores o por causas involuntarias.
Medellín da un paso sin precedentes para transformar el acceso a la justicia en Colombia. La Personería Distrital, con el aval del Ministerio de Justicia y del Derecho, inicia un ambicioso plan de formación dirigido a más de 420 policías y abogados en todo el país, con el fin de fortalecer la conciliación como mecanismo alternativo de resolución pacífica de conflictos.
La estrategia, liderada desde Medellín, marca un hito en Colombia al capacitar por primera vez a policías con formación jurídica y estudiantes de derecho de último año en conciliación, en una apuesta clave por acercar la justicia a los territorios.
El programa contempla 155 horas de formación, distribuidas en 30 módulos, dictados por 28 docentes expertos en derecho. Esta será la segunda cohorte impulsada por la Personería, pero la primera en involucrar directamente a la Policía Nacional como agente activo en la promoción de la conciliación.
“El propósito es claro: fortalecer la paz territorial desde las bases, capacitando a quienes están en contacto directo con la ciudadanía”, explicó Mefi Boset Rave Gómez, Personero Distrital de Medellín.
Además, la formación será totalmente gratuita, gracias a su carácter público, y se ejecutará bajo la supervisión del Centro de Conciliación de la Personería de Medellín.
Esta estrategia refuerza el rol de la Policía como actor clave para garantizar un acceso real, cercano y oportuno a la justicia, mientras amplía el alcance de la Personería en su misión de proteger los derechos ciudadanos.
se instaló mesa de emergencia con participación de EPS, clínicas, Ministerio Público y autoridades de salud.
La crisis en el sistema de salud de Medellín ya no puede ocultarse: la Personería Distrital reveló cifras alarmantes durante la instalación de la Mesa de Trabajo de la Red Hospitalaria del Distrito. El panorama es crítico: más del 83% de las 16.497 tutelas tramitadas entre 2024 y lo que va del 2025 fueron por violación al derecho a la salud.
Durante el encuentro, se evidenció un alarmante incumplimiento de fallos judiciales, con múltiples incidentes de desacato que ponen en jaque la garantía de este derecho fundamental. Mientras tanto, miles de ciudadanos –especialmente adultos mayores y personas con discapacidad– siguen enfrentando barreras inhumanas para acceder a medicamentos y tratamientos vitales.
¡Más de 1.100 verificaciones de derechos humanos! En terreno, la Personería constató lo que ya muchos ciudadanos sufren a diario: una red hospitalaria saturada, con clínicas operando por encima del 200% de su capacidad, desabastecimiento de medicamentos y deudas impagables a los prestadores de salud.
La situación es tan crítica que la Personería, junto con la Alcaldía, participa como coadyuvante en una Acción Popular contra el sistema, buscando proteger a la ciudadanía de esta emergencia silenciosa que ya afecta a miles.
El primer encuentro de la mesa de trabajo dejó una conclusión contundente: urge una respuesta inmediata, coordinación interinstitucional real y soluciones de fondo. De lo contrario, la red hospitalaria podría colapsar completamente.
La Personería prende las alarmas y exige medidas urgentes al Gobierno Nacional.
Medellín vive una de las peores crisis sanitarias de su historia reciente. En un hecho sin precedentes, la Personería Distrital radicó una solicitud de coadyuvancia a la Acción Popular interpuesta por el Distrito contra el Gobierno Nacional y varias EPS intervenidas, denunciando una vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales como la salud, la vida y el acceso a servicios básicos
.
Informa:personería de Medellín
La situación es crítica y alarmante: hospitales desbordados, medicamentos escasos, tratamientos suspendidos, y miles de usuarios abandonados a su suerte. De acuerdo con el informe de la Personería, se registran fallas estructurales gravísimas, como la ocupación hospitalaria que supera el 175%, interrupción de tratamientos oncológicos y crónicos, y una cartera vencida multimillonaria que impide el pago a clínicas y hospitales, poniendo en jaque la atención médica en Medellín.
Los más afectados: los afiliados de las EPS Savia Salud, Nueva EPS, Sanitas y Coosalud, entidades intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, pero que siguen colapsando sin que el Gobierno reaccione con contundencia.
Durante 2024, más de 11 mil tutelas en salud fueron atendidas por la Personería, y solo en los primeros cuatro meses de 2025, otras 2.917 se sumaron a la avalancha judicial. ¡Ocho de cada diez están relacionadas con EPS intervenidas!
Y la situación empeora: en mayo de 2025, hospitales como la Clínica Sagrado Corazón, el Pablo Tobón Uribe y el Hospital La María reportaron una ocupación de hasta 175%, con más de 130 pacientes esperando remisión, muchos de ellos en condiciones críticas y sin atención inmediata.
¡Las alertas han sido ignoradas!
Esta crisis no es nueva. Desde abril de 2024, la Personería ha venido lanzando boletines de alerta:
En el Boletín 26, se denunció el caos tras la intervención de Sanitas EPS.
En el Boletín 100, se advirtió sobre las barreras de acceso para más de 276 mil usuarios de Nueva EPS.
En abril de 2025, el Boletín 22 expuso una deuda de $180 mil millones que asfixia al sistema.
Y en mayo, el Boletín 23 confirmó que las urgencias ya no dan abasto.
¡Basta de indiferencia!
La Personería exige al Gobierno Nacional tomar medidas de choque inmediatas y detener esta tragedia silenciosa. Entre las peticiones urgentes:
El pago inmediato de la deuda con clínicas y hospitales.
Giros directos a las IPS desde las EPS intervenidas.
Suministro garantizado de medicamentos.
Y permitir el acompañamiento directo de la Personería en el diseño de un plan de emergencia territorial.
«Estamos ante una emergencia humanitaria disfrazada de crisis administrativa», advierte la Personería, que reitera su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos del Distrito.
¡La salud en Medellín está en cuidados intensivos y el tiempo se agota!
Por otro lado, la prensa petrista, responde en su momento con Gran Twitteratón denunciando a las EPS por desfalco al sistema de salud.
En el mes de Marzo, usuarios de redes sociales protagonizaron una masiva jornada de denuncia bajo el hashtag #LasEPSNosRobaronLaSalud, en la que se acusó a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de corrupción, desfinanciamiento del sistema y negligencia sostenida a lo largo de tres décadas.
Durante la llamada «Gran Twitteratón», los participantes manifestaron su indignación ante lo que denominaron «la gran estafa de las EPS», alegando que estas entidades habrían robado recursos públicos, saboteado el sistema actual y desatendido a clínicas, hospitales y pacientes, mientras sus holdings empresariales reportaban ganancias millonarias.
Entre las denuncias más repetidas estuvo la crisis en el suministro de medicamentos, que, según los manifestantes, no es nueva. Recordaron que situaciones similares ocurrieron en 2008, 2013, 2018 y ahora entre 2024 y 2025. La diferencia, señalaron, es que el actual gobierno no estaría dispuesto a seguir cubriendo con recursos públicos los presuntos actos de corrupción.
También se destacó que, pese a haberse pagado $2,3 billones de pesos en los últimos meses, las EPS habrían incumplido con sus obligaciones hacia clínicas y hospitales, generando una grave crisis de atención. Un caso que generó particular rechazo fue la suspensión abrupta del suministro de medicamentos por parte de Audifarma, considerada por muchos como un acto de sabotaje, con consecuencias directas sobre enfermos, adultos mayores y niños.
La jornada concluyó con una fuerte crítica al modelo actual de salud y un llamado ciudadano a no permitir lo que fue calificado como un «atraco a la salud» en beneficio de unos pocos
La iniciativa busca brindar espacios restaurativos a más de 50 personas desplazadas por la violencia.
Víctimas de conflicto armado
La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de la No-Violencia, continúa fortaleciendo su compromiso con las víctimas del conflicto armado. En esta ocasión, el programa “Tejiendo Hogares” llega al albergue temporal del Distrito, un espacio destinado a la atención integral de personas y familias desplazadas que han llegado a la ciudad sin redes de apoyo.
El objetivo principal de esta intervención es generar espacios restaurativos para al menos 50 víctimas y sus núcleos familiares, mediante actividades formativas y acompañamiento profesional que fomentan el bienestar emocional, la integración y la reconstrucción del proyecto de vida.
“Gran noticia: ‘Tejiendo Hogares’ llega al albergue de víctimas del conflicto armado. Más de 50 personas asistirán al programa para reconstruir la vida y la esperanza de quienes han sido víctimas de amenazas, desplazamientos y homicidios en diferentes regiones del país”, destacó Carlos Alberto Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos.
Además de las sesiones grupales con adultos, el programa incluye encuentros especialmente diseñados para niñas, niños y adolescentes, orientados a fortalecer su desarrollo emocional y brindar herramientas para afrontar los retos derivados del desplazamiento forzado.
El albergue temporal ofrece un entorno seguro y digno, con alojamiento, alimentación, productos de aseo y atención psicosocial, jurídica y en salud. También se brinda orientación para facilitar procesos de integración local y generación de ingresos.
“Este espacio es algo que necesitamos las víctimas. Es una manera de soltar un poco los sentimientos negativos que traemos. Nos están enseñando a dejar atrás el rencor, a manejarlo, a que no se convierta en rabia o violencia. Es una forma de mejorar como personas y volver a reconstruir nuestras vidas”, expresó Andrés Herrera, una de las personas beneficiadas.
Con este tipo de estrategias, la Alcaldía de Medellín reafirma su compromiso con la reparación integral de las víctimas del conflicto, promoviendo procesos de resiliencia, esperanza y construcción de futuro.
Carlos Alberto Arcila.secretario de Paz y Derechos Humanos,
Ante el aumento en la llegada de víctimas del conflicto armado, el Distrito de Medellín ha intensificado la entrega de ayudas humanitarias en los primeros meses de 2025. Hasta la fecha, 523 familias han recibido asistencia inmediata para garantizar su protección y bienestar.
Como parte de esta atención, el Distrito ha distribuido 776 paquetes alimentarios y 188 kits de hábitat y aseo, los cuales incluyen colchoneta, cobija, almohada, plato, cuchara y chocolatera. Además, 42 núcleos familiares (121 personas) permanecen en el albergue habilitado por la Administración.
En total, 1.233 víctimas de desplazamiento han sido atendidas en la ciudad en lo que va del año. Estas personas provienen de diversas regiones del país, como el Catatumbo, Chocó, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio y varios municipios de Antioquia.
El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia, destacó el compromiso de la Administración con esta población: «Del 1 de enero al 8 de marzo de 2025, hemos atendido más de 523 familias del conflicto armado, personas desplazadas y amenazadas que han llegado a Medellín. Esto ha sido trascendental porque el alcalde Federico Gutiérrez tiene en el centro a las víctimas del conflicto.»
Alcaldia de Medellin
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
La Administración Distrital reafirma su compromiso con la garantía de los derechos de las víctimas y con la atención humanitaria digna para quienes han sido afectados por la violencia en el país; además, avanza en gestiones para fortalecer la articulación con entidades gubernamentales y organizaciones de cooperación y así ampliar los recursos.
La Personería Distrital de Medellín y el Distrito Especial de Medellín reafirman su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos, renovando y fortaleciendo su alianza interinstitucional mediante un nuevo convenio.
Personeria distrital de Medellín
Esta colaboración, que se ha venido articulando, tiene como objetivo principal robustecer y complementar las acciones de ambas instituciones, alineándolas con los objetivos del plan de desarrollo y el plan estratégico vigentes de las entidades.
Los avances del nuevo convenio permitirán:
Asegurar la continuidad en la prestación del servicio, atendiendo a un mayor número de personas diariamente, ampliando los horarios de atención en la sede central y restableciendo el horario habitual de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos.
Garantizar una respuesta ágil y eficaz ante posibles violaciones o amenazas a los derechos humanos en el distrito.
Desarrollar estrategias y acciones para la promoción y prevención de vulneraciones de derechos humanos, a través de diversas líneas de investigación y atención a la ciudadanía.
Acercar la oferta institucional a las comunidades de todas las comunas y corregimientos de Medellín, facilitando la respuesta y la cobertura territorial.
Documentar la situación de los derechos humanos en el Distrito Especial de Medellín.
Este fortalecimiento de la alianza representa un avance significativo en el compromiso de ambas instituciones con la defensa de los derechos humanos y el bienestar de los habitantes de Medellín.
UN MINUTO EN LA HORQUETA 