Tras 20 años de operación, el Distrito de Medellín decidió no prorrogar el contrato de concesión con UNE para la gestión de las fotodetecciones, los comparendos manuales y la operación del Centro de Control de Tránsito (CCT). El convenio número 5400000003 de 2006 finalizará oficialmente el próximo 31 de diciembre, marcando el cierre de un modelo que, según la Administración, resultaba desfavorable para la ciudad.

La medida fue anunciada por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, quien explicó que el cambio busca transformar el enfoque del sistema de sancionatorio a preventivo, pedagógico y orientado al servicio ciudadano.

> “Las fotodetecciones no se acaban. El 1 de enero de 2026, cuando tengamos el control total del sistema, habrá señalización 200 y 100 metros antes de cada cámara, tanto en los laterales de las vías como en el punto de la fotomulta. No queremos cámaras trampa. Lo que buscamos es prevenir, no multar; salvar vidas, no recaudar”, afirmó el mandatario local.

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Con el fin del contrato, el concesionario deberá transferir al Distrito la propiedad de la infraestructura física y tecnológica del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín (SIMM), valorada en más de $31.208 millones. Actualmente, la ciudad solo recibe el 28.3 % de los ingresos por fotodetecciones; con el nuevo modelo, el 100 % de los recursos ingresará directamente al Conglomerado Público de Medellín, destinándose a infraestructura vial, transporte público, modernización semafórica y campañas de seguridad vial.

El nuevo esquema también contempla:

Señalización visible en todos los puntos de fotodetección.

Campañas de actualización de datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Eliminación de sanciones por cruces en semáforo amarillo y bloqueos de intersecciones por congestión.

Articulación de cámaras de tránsito con el sistema de seguridad de la ciudad.

Recordatorios automáticos sobre la renovación del SOAT y la Revisión Técnico Mecánica (RTM), medida que ya ha permitido reducir en un año 11.067 fotodetecciones por vencimiento de estos documentos.

> “Queremos que este sea un sistema justo, que promueva cultura ciudadana y disminuya la accidentalidad. No vemos las fotomultas como un negocio, sino como una herramienta para cuidar la vida de la gente”, puntualizó Gutiérrez.

La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU) asumirá la operación del sistema a partir de enero de 2026. Esta entidad pública, con más de 40 años de experiencia, actualmente administra la línea 123, más de 3.200 cámaras de seguridad y 120 de reconocimiento de placas, lo que garantiza la continuidad tecnológica y operativa del sistema.