Por: José Luis Bedoya – Opinión

La polémica en torno a la reforma laboral en Colombia ha encendido el debate entre dos polos aparentemente irreconciliables: los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas. Mientras el Gobierno insiste en saldar una deuda histórica con millones de trabajadores precarizados, los gremios empresariales levantan la voz por lo que consideran una amenaza al empleo formal, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.

¿Quién tiene razón? Ambos. ¿Quién se equivoca? También, ambos, si no ceden en algo.

No podemos seguir tolerando un país donde más del 50 % de los trabajadores están en la informalidad, sin contrato, ni seguridad social ni futuro. Pero tampoco podemos imponerle a los empleadores cargas que terminen ahogando al aparato productivo, reduciendo contrataciones o incluso empujando más empleos hacia la informalidad.

Un nuevo pacto laboral

Colombia necesita una reforma laboral, sí. Pero no una reforma contra el empleador ni una que mantenga el trabajo indigno. Necesita una ley equilibrada, que reconozca derechos y, a la vez, facilite las condiciones para que los empleos existan, se mantengan y crezcan.

Propuestas como aumentar los recargos nocturnos a partir de las 6:00 p. m. deben ser revisadas con gradualidad. Es razonable mejorar los pagos por turnos nocturnos, pero hacerlo de golpe afectaría especialmente a sectores como comercio, salud o vigilancia. Lo mismo aplica para la formalización de contrataciones por horas: deben tener protección social, pero con esquemas proporcionales y flexibles, no imposibles.

Por el lado empresarial, también hay tareas pendientes. La tercerización laboral no puede seguir siendo una trampa para pagar menos o evadir responsabilidades. Y si se quiere contratar con flexibilidad, debe hacerse respetando derechos mínimos. La dignidad no es negociable.

Un Estado activo

Este equilibrio también exige un Estado que no solo legisle, sino que acompañe. Programas de apoyo a la formalización, subsidios temporales para MiPymes, promoción de primer empleo y simplificación de trámites laborales son medidas urgentes si se quiere que la reforma funcione más allá del papel.

No se trata de ganar una pelea ideológica. Se trata de que los colombianos puedan trabajar con dignidad, y de que las empresas tengan las condiciones para contratar, producir y crecer. En otras palabras: ni camisa de fuerza para los empresarios, ni salario de hambre para los trabajadores.

Colombia está a tiempo de pactar en lugar de imponer. Y eso, en el fondo, también es una forma de justicia social.